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La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha analizado en su informe ‘AEFI Voice’ la situación de la identidad digital en España. Actualmente existen dos proyectos de ley en tramitación relacionados con este ámbito que resulta clave en el escenario posCovid. Uno es sobre servicios electrónicos de confianza. El otro, sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

Según explican desde AEFI, la nueva legislación busca agilizar trámites en el ámbito público y privado, con la emisión de certificados electrónicos cualificados. Este elemento permitiría un ahorro y una mejora de la eficiencia sustancial para la administración, así como “aflorar una parte considerable de la economía sumergida, liberando casi un 14% del PIB”.

1. eIDAS, pendiente de desarrollo en España
El eIDAS (reglamento europeo que establece un marco jurídico común para los servicios de confianza y los medios de identificación electrónica) se aprobó en 2016, pero como se apunta en el informe de AEFI, todavía no se aplica en su totalidad en España. Supone para la identidad lo que fue el euro para la moneda en 1999: la homogeneización de un asunto fundamental para crear un Mercado Único Digital. Se trata del germen del DNI europeo, con el que más de 500 millones de ciudadanos y miles de empresas podrán realizar transacciones electrónicas seguras que antes requerían presencia física.

2. España, una anomalía en Europa
El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, autorizó la emisión de certificados electrónicos cualificados por parte de los Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza, de forma totalmente online. Sin embargo, unas puntualizaciones restrictivas, realizadas por la Subdirección General para la Sociedad Digital, limitaban el efecto de esta autorización, acotando sus usos y ordenando la revocación de los certificados, una vez finalizara el estado de alarma.

3. La digitalización de la Administración, una asignatura pendiente
España no supera el 20% de madurez en la digitalización de la Administración Pública, si se tiene en cuenta el grado de avance de los trámites digitales y el uso por la parte de los ciudadanos. El DNI electrónico y los certificados FNMT tienen, según destaca AEFI, un uso casi residual (menos del 1%), “debido a la dificultad de uso y de acceso”, por lo que su utilización se circunscribe “principalmente a trámites obligatorios para autónomos y empresas con la Agencia Tributaria”.

Por otro lado, hay sectores regulados como el financiero o el de las telecomunicaciones que ya pueden adquirir clientes online en cualquier momento y parte del mundo y la Administración Pública lo necesitará en el escenario posCovid, “para apoyar la reactivación de la economía y facilitar el acceso a los ciudadanos a sus servicios. Se estima que el Mercado Único Digital podrá generar más de 30 billones de euros en el mercado europeo en los próximos 5 años, convirtiéndose en el principal impulsor de la competencia en sectores clave de la economía, incluida la Administración Pública”.

4. España, no aprovecha su ventaja competitiva en soluciones de identificación
Pese al retraso en la aplicación de la normativa comunitaria eiDAS, AEFI recuerda que España fue un país pionero en la implantación de soluciones que permitían la identificación a distancia aceptadas e impulsadas por el SEPBLA que, durante el año 2019 en España, permitieron identificar a mas de un millón de usuarios en el mercado financiero. “No obstante, esta ventaja competitiva que permite nuestra normativa está quedando relegada frente a modelos como el italiano o el alemán por falta de visión, pese a que dichos sistemas son mas ineficientes y se encuentran en retroceso por su alto coste y complejidad. En este sentido, algunos Prestadores de Servicios de Confianza españoles están ya están notando los efectos de esta falta de visión, siendo adquiridos por prestadores homólogos de otros países que no cuentan con tantas ataduras en el reto digital”.

5. El reto de desarrollar una identidad digital
“La identidad digital, sencilla de obtener y fácil de usar, a pleno rendimiento, permitiría que el Estado pudiera funcionar en tiempo real y liberar un impacto de hasta un 13,6% del PIB, según un estudio elaborado por McKinsey, y lograría que emergiera gran parte del fraude de la economía sumergida en España”, señala el informe, que los técnicos de Hacienda cifran en 254.000 millones de euros al año. “Además, la identidad digital es clave en la introducción de la moneda y pagos electrónicos, para eliminar el dinero en papel, lo que podría suponer un ahorro de 600 millones anuales”.