Vivimos un contexto en el que la creciente morosidad es responsable de una cuarta parte de las insolvencias empresariales, donde alrededor del 50% de los autónomos se ve afectados por demoras en el cobro, según los datos de ATA. En concreto, nuestro país se encuentra por encima de la eurozona en impagos de facturas, con una tasa de morosidad prevista del 4,5% para 2023.
La falta de capacidad para hacer frente a sus propios pagos hace que muchas pequeñas empresas y autónomos no puedan crecer, pues tiene un impacto directo en otras empresas o autónomos que a su vez no podrán contratar nuevos trabajadores o se verán en la obligación de subir los precios. Otras empresas, incluso, pueden llegar a declararse insolventes. De hecho, ATA calcula que el 10% de las pymes podría verse abocada a cerrar a causa de la morosidad. A nivel macroeconómico, estamos ante un fenómeno muy grave, ya que el 95% del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas.
Así, hoy en día, con la inflación disparada, la gestión de la morosidad debe formar parte de la lista de prioridades de las organizaciones, si quieren continuar su actividad sin tensiones en el flujo de caja. Según apuntan algunos estudios, el 47% de las compañías opta por el pago por adelantado como medida de precaución. Sin embargo, y a pesar de ser lo más frecuente entre las empresas españolas, existen otras maneras de protegerse de la posibilidad de futuros impagos.
La verificación de crédito, mediante la cual se busca conocer cuánto y a quién se le debe, el seguro crediticio o el factoring, por el que se cede la deuda a entidades financieras, se posicionan en el ranking como las soluciones más utilizadas ante los impagos. No obstante, para autónomos y pequeños empresarios, dichas modalidades siguen siendo una odisea de papeleo, comisiones y servicios añadidos. Además, existe otra barrera insalvable para ellos, su alto precio y el hecho de que los seguros de crédito están concebidos solamente para empresas y profesionales con una facturación superior al millón de euros.
Factura electrónica y seguros inteligentes: gestión minimalista
La factura electrónica ya es obligatoria para todas las empresas y autónomos en el 85% de los países miembros de la Unión Europea. En España se implantará en dos fases, de acuerdo con la Ley Crea y Crece: en octubre de 2023 será obligatoria para las empresas y autónomos que facturen más de 8 millones de euros; y dos años después, en octubre de 2025, para el resto de empresas y autónomos.
La digitalización de las pymes es una palanca estratégica que debe desplegarse en todos los procesos internos de las mismas. Del mismo modo que la factura electrónica es ya una herramienta que favorece las relaciones comerciales, los seguros deben ser inteligentes, para que lidiar con el recobro de las facturas impagadas no conlleve un sobrecoste de tiempo ni de dinero. De esta forma, el usuario pagará exactamente por aquello que necesita y usa. Sin coberturas adicionales que no le aportan ningún valor real.
Con este espíritu es con el que nace ‘Asegura Tu Factura’, integrado en Contasimple, un micro seguro de Lisa que permite al profesional asegurar facturas y cubrir todo el ciclo de su gestión sin salir de la misma plataforma. El usuario puede elegir, una a una, qué facturas quiere asegurar (por ejemplo, si se trata de un cliente desconocido o tiene motivos para pensar en la posibilidad de impago) y poner en marcha el proceso de reclamación, del que se encargará la aseguradora: la mediación amistosa, la vía judicial si fuera necesaria y un asesoramiento jurídico ilimitado, tanto para garantizar el cobro como para reclamar a Hacienda la recuperación del IVA correspondiente.
Como agentes digitalizadores, debemos exprimir la tecnología allá donde los productos tradicionales nunca pudieron llegar. ‘Asegura Tu Factura’ logra exactamente eso: una solución de aseguramiento 100% digital, con un coste de reclamación muy inferior al de los procesos legales al uso. Así, autónomos y pymes pueden obtener en segundos un seguro de facturas de forma totalmente digital y dejar el resto de trámites en manos del equipo legal de la aseguradora. Esto diluye al mínimo el trabajo administrativo, alineándose con la filosofía con la que nació la obligatoriedad de la factura-e: una mayor transparencia y agilidad.
