criptomoneda bitcoin

El Gobierno ha aprobado el primer registro de plataformas de criptoactivos que operan en España. Con este paso, los proveedores de servicios de intercambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos (wallet) deberán informar al Banco de España con el objetivo de tener un marco de la prevención de blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo.

Este primer punto se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la normativa se pone de relieve que aquellas que no figuren en el registro podrán ser sancionadas con multas muy graves, que suponen un mínimo de 150.000 euros y que podrían alcanzar hasta los 10 millones de euros. No obstante, las sanciones podrían rebajarse a la categoría de graves –cuyo importe mínimo es de 60.000 euros y el máximo, de cinco millones– si la operativa con criptoactivos se produce sin el registro pertinente de forma ocasional o aislada.

La normativa que se ha aprobado en el Consejo de Ministros afirma que las entidades serán consideradas sujetos obligados a efectos fiscales. Es decir, tendrán que colaborar para prevenir el fraude y cumplir con las medidas que la legislación impone a otros operadores.

Los proveedores de criptomonedas deberán estar registrados y sometidos a supervisión, al igual que el sector bancario, el sector asegurador, las entidades de pago y cambio de moneda, las empresas de servicios de inversión, los notarios, registradores y abogados, el sector de la promoción inmobiliaria, las joyerías y los casinos de juego.

Según revela hoy Cinco Días, el Banco de España contará con un plazo de seis meses para crear el fichero y las plataformas afectadas tendrán hasta febrero de 2022 para registrarse. Los afectados serán tanto las plataformas de activos digitales como de custodia de wallet que ofrezcan sus servicios en España.